“La cifra es ciertamente importante”, apunta Abad en su balance del año 2017, en el que añade que “una gran parte ha salido de las debilitadas arcas de la Seguridad Social”.

Además, advierte de que esta medida supone “una barra libre” para “miles de actividades económicas que carecen totalmente de los mínimos requisitos para triunfar” y “el instrumento de enganche que utilizan las plataformas digitales para el fomento de la contratación de falsos autónomos”.

También alerta sobre los resultados económicos del sistema de cotización de los autónomos y advierte de que la Seguridad Social recaudará este ejercicio unos 11.500 millones de euros y gastará unos 17.000, lo que produce una brecha de algo más de 5.500 millones.

En cuanto a la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo, valora que contempla “elementos positivos” como la consideración de gasto de las dietas de manutención para los autónomos que por razón de la actividad se ven sujetos a desplazarse fuera de su lugar de residencia, la conciliación de la vida profesional y familiar, el reconocimiento de accidente in itinere, la posibilidad de contratación de familiares y las deducciones fiscales para los autónomos con hijos con algún tipo de discapacidad.

“Pero no es menos cierto que ha sido un espejismo en la solución de los graves problemas que padecemos”, sostiene Abad, quien afirma que “el trabajo autónomo sigue siendo la asignatura pendiente”.

Por ello, considera que “en el 2018 tenemos muchos problemas que resolver, pero quizá el más importante es el que atañe al mantenimiento del actual sistema del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)”.

En estos momentos la subcomisión parlamentaria estudia su modernización y tendrá un informe final en el mes de agosto, en el cual se "marcarán definitivamente los cambios que se adoptarán en el futuro", dijo.

“A estas alturas nadie duda de que el sistema esté desfasado después de 50 años de vida y que es ahora cuando tenemos que adoptar cambios de calado y a largo plazo”, concluye.