En un comunicado, el sindicato indicó que este objetivo “debería traducirse en una norma jurídica que permita establecer discriminaciones positivas cuando no se dé dicha proporción”, para lo que propone que una fórmula podría ser circunscribir los contratos de relevo a este grupo de edad.

En esta misma línea, CCOO considera “preciso establecer procedimientos jurídicos que permitan trasponer estos objetivos en la administración pública, dado que las personas menores de 30 años han pasado de suponer el 10,8% en 2008 al 5,9% en 2017”.

Por otro lado, el sindicato indicó la necesidad de analizar qué políticas activas se están implementando y qué fondos se destinan a ellas “cuando una de cada cuatro personas jóvenes paradas lleva más de un año en paro y carecen de formación de tipo profesional”, suponiendo un total de 248.167 personas.

Además, la central sindical también pidió la inclusión en los objetivos prioritarios en materia de formación de “las 209.690 personas jóvenes que carecen de formación de base y precisan acreditar competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad de segundo nivel”.