La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles en Madrid era el último paso para culminar el “gran pacto de Estado” contra la violencia machista, un cónclave donde las autonomías y el Gobierno han acordado garantizar 200 millones de euros para emprender las primeras 26 medidas en 2018, independientemente de que se prorroguen los presupuestos de 2017 si no hay acuerdo parlamentario para aprobar unas cuentas nuevas para el próximo ejercicio o de que finalmente el Ejecutivo logre los apoyos necesarios.

De hecho, la ministra ha anunciado su compromiso y el del Gobierno a que si en el primer trimestre o cuatrimestre no se han aprobado los presupuestos de 2018 y hay presupuesto prorrogado, habrá una modificación de crédito con la partida de los 200 millones a los que se había comprometido el Ejecutivo para financiar las medidas del pacto.

Tras la aprobación en septiembre del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, todos los gobiernos regionales han dado su visto bueno para la puesta en marcha de las medidas contempladas. El compromiso del Gobierno en materia presupuestaria se ha fijado en 1.000 millones de euros adicionales en los Presupuestos Generales del Estado durante los próximos cinco años, de los cuales 100 millones irán vía transferencia a los ayuntamientos, 500 para las comunidades y 400 para las medidas de ámbito estatal.

De los 200 millones para 2018, 100 irán a las comunidades autónomas, 80 a actuaciones de ámbito estatal y 20 para los ayuntamientos, ya que las iniciativas que van a llevarse a cabo implican a todas las administraciones.

Montserrat ha dedicado este pacto de Estado a "todas y cada una" de las mujeres que han sido asesinadas en España por violencia machista, pero precisó que el acuerdo "no estará cumplido hasta que ni una mujer sea golpeada, amenazada o asesinada por la cobardía machista".

Asimismo, la ministra celebró la “unanimidad” con la que las autonomías han decidido sumarse al pacto, pese a que en el Congreso de los Diputados hubo abstenciones procedentes de Unidos Podemos. “Esto ya está aprobado, el mandato del Legislativo era muy claro y teníamos dos meses para sumar a las comunidades autónomas”, señaló.

ACOMPAÑAR A LA VÍCTIMA

Uno de los puntos del pacto de Estado que antes entrará en vigor será el acompañamiento a las víctimas de violencia de género incluso antes de que presenten denuncia, según explicó la ministra en rueda de prensa. Por el contrario, otras medidas –sobre todo las legislativas- llevarán más tiempo debido a su procedimiento.

Según reconoció la propia ministra, la Conferencia Sectorial de Igualdad estaba lista para celebrarse a partir del 30 de noviembre, pero el calendario de las elecciones catalanas –con una campaña electoral de por medio- llevó a retrasar la celebración del encuentro que, finalmente, se ha producido este miércoles.

De hecho, se da la circunstancia de que ha sido la propia ministra quien ha representado en esta reunióna a la Generalitat de Cataluña, ya que el Ejecutivo autonómico fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

REPROCHES DEL PSOE

No obstante, los representantes de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, entre ellas la valenciana, Extremadura y Andalucía, reprocharon que se haya convocado a los gobiernos regionales ‘in extremis’ para firmar el pacto de Estado, ya que el compromiso del Gobierno era tenerlo listo antes de que finalizara 2017.

La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, de Compromís, señaló que “podría haber habido más complicidad con las comunidades” en las negociaciones para aprobar el pacto, ratificado finalmente por todas las autonomías, mientras que la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, del PSOE, reclamó una mayor “planificación” en los tiempos.