La CESM califica esta medida de "despropósito", porque supondrá excluir a 340 médicos interinos, a 3.500 profesionales de enfermería y a más de 1.000 auxiliares, "cuando el hecho es que en Baleares hay una escasez crónica de profesionales por razones de su insularidad".

Asimismo, la confederación señala que "la imposición lingüística no obedece a una demanda social, como dan a entender sus promotores. La prueba es que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año, sólo cinco fueron puestas por personas que echaban en falta ser atendidas en catalán".

La CESM considera que la acreditación del conocimiento de la lengua autonómica en las Islas Baleares debe ser un mérito valorable y no un requisito 'sine qua non' para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial y cree que el proyecto "no prima el derecho constitucional a la protección de la salud". Además, considera que la obligación de los candidatos de acreditar los conocimientos de la lengua autonómica puede resultar incompatible con el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, pues "puede suponer un obstáculo a la libre circulación de profesionales".