En rueda de prensa en la Cámara Baja, el secretario general de la asociación, Fernando Sanz (senador del PSOE en la III Legislatura), explicó que su intención no es decir “cómo se tiene que hacer” esta reforma, pero sí plantear en qué aspectos consideran que debería mejorarse el texto constitucional.

El ponente del documento, Jaime Rodríguez-Arana (diputado del PP en la VI Legislatura), propuso abordar una reforma de la Carta Magna en 10 aspectos que, en opinión de los exparlamentarios de esta entidad, han de tener “una nueva mirada e impulso” para “revitalizar” el texto de 1978.

En concreto, proponen afrontar cambios en el modelo territorial, derechos sociales fundamentales, competencias de los entes políticos, sistema electoral, la autonomía de la Justicia, la supresión de la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, un “acomodo constitucional” a la integración de España en Europa, la función de control a las leyes, el estatuto de los parlamentarios y el derecho a la buena Administración Pública.

Incidió en que la “mentalidad abierta” y la “sensibilidad social” que existieron en 1978 también deberían presidir una reforma de la Constitución que en este momento, defendió, es “necesaria y pertinente” para conseguir “la adaptación de una norma tan importante a la realidad”.

Por su parte, Pedro Bofill (diputado del PSOE de la I a la III Legislatura), ahondó en los aspectos importantes y de “rabiosa actualidad” por los que se podría empezar esta reforma. En cuestión de partidos, abogó por fijar como principio rector que las formaciones tengan que cumplir sus programas electorales, que a la postre son “un contrato” con la ciudadanía.

En el tema territorial, defendió “la necesidad de mejorar” el actual esquema estableciendo de forma “cerrada” cuáles son las competencias del Estado y de los Estatutos o autonomías. De esta forma, indicó, se abriría una mayor cooperación entre el poder autonómico y central y se podrían abolir “los aspectos más negativos” del apartado II del Título VIII de la Constitución.

Igualmente, reivindicó que el Senado ejerza de Cámara territorial y de lectura única para ser un órgano “de negociación” que evite conflictos entre las autonomías y el Estado central, pero sin olvidar que la soberanía “pertenece a todos los ciudadanos”, la indisoluble unidad de España y el principio de solidaridad.

Por último, Bofill explicó que la propuesta de los exparlamentarios contempla la necesidad de fijar criterios en financiación que “deben reconocerse en el texto constitucional”, de tal forma que “obedezcan” a la mayor capacidad de ingresos, al principio de solidaridad y al de ordinalidad.