Carmena hizo esta revelación hoy en un desayuno informativo, en el que explicó que, si al Ministerio le pareciera bien esta reformulación del PEF, que este año ha rechazado por tres veces tras las sucesivas propuestas del Consistorio, no haría falta inmovilizar más dinero en 2017 para cumplir las exigencias de Hacienda y “la liquidación estaría cerrada”. Según dijo, ayer en Hacienda “recibieron con satisfacción” la nueva propuesta del Ayuntamiento. El Consistorio había inmovilizado hasta la semana pasada 308 millones de los 365 que le exige retener el Ministerio durante 2017.

Aunque la alcaldesa reconoció que el requerimiento del Ministerio “obliga a que haya reducción en algunas partidas” del presupuesto de 2018, se mostró esperanzada en que la posibilidad de dedicar el remanente de tesorería a inversiones financieramente sostenibles (IFS) ejecutables en este año y el que viene permitirá que “lo que quitemos de un lado” (las partidas del presupuesto ordinario que sí computan para la regla de gasto) “nos deja más dinero para otro”. De esta forma, indicó, como “el remanente para IFS es muy grande, vamos a tener que desplazar a IFS unas cuantas inversiones del presupuesto ordinario”.

Carmena manifestó su alegría por el hecho de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer una propuesta de Unidos Podemos para que la regla de gasto se flexibilice para los ayuntamientos que tienen superávit, como es el caso del de Madrid, y se mostró esperanzada en que “cuando hay una voluntad tan grande de lo municipal” en lograr este objetivo (ayer habló de ello con el presidente de la FEMP, Abel Caballero), al final “lo conseguiremos”.

La alcaldesa defendió la “necesidad” de “trasladar al legislador” la necesidad de que el remanente de tesorería se pueda destinar a otras inversiones y de que los municipios no estén “demasiado constreñidos por las IFS”, pero reiteró que, mientras no se cambie la ley, “sabemos que tenemos que cumplir”, por mucho que la interpretación de la regla de gasto que hace el Ayuntamiento sea distinta a la del Ministerio.

Carmena también se refirió a un aspecto colateral de la controversia entre ambas instituciones, la suspensión cautelar de inversiones aprobadas por el Pleno municipal en junio y julio tras un recurso de la Delegación del Gobierno, que entendía que dichos acuerdos quebrantaban el acuerdo de no disponibilidad de 238 millones que Hacienda impuso en abril al Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptó el recurso y suspendió cautelarmente la ejecución de esas inversiones. La alcaldesa explicó en este sentido que, “si todo va bien”, el martes o miércoles el abogado del Estado y el del Ayuntamiento abordarán ante el juzgado la posible suspensión de estas medidas cautelares, algunas de las cuales afectan a inversiones ya ejecutadas.