La formación morada tiene previsto que estas comparecencias se celebren en el mes de febrero en dos o tres sesiones de la mencionada comisión. Podemos también ha solicitado las comparecencia de Carmen Ochoa, secretaria de la asociación Parque sí en Chamberí, asociación vecinal que se creó para pedir que en vez del campo de golf se construyera el parque para el que había licencia; Laura Díaz, abogada en el caso de Parque sí en Chamberí y actual vicepresidenta tercera de la Asamblea de Madrid; Pablo González González y José Juan Caballero Escudier, hermano y cuñado de Ignacio González, respectivamente.

También se pide la comparecencia de Adrián Martín, exdirector del Canal de Isabel II; Álvaro Quiroga Gutiérrez, directivo de Dico y Soto Once; Ildefonso de Miguel, exdirector del Canal de Isabel II; Marisa Carrillo, ex secretaria general técnica del Canal de Isabel II, y José Antonio Clemente Martín, administrador único de Tecnoconcret.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca explicó que antes de las elecciones de 2003, Alberto Ruiz-Gallardón y José María Álvarez del Manzano pusieron la primera piedra de un gran parque en Chamberí, al que llamaron “el Retiro 2”.

Informó de que “pocos meses después y tras el 'tamayazo', Aguirre cambió el proyecto por un campo de prácticas de golf para cuya construcción no tenía licencia municipal” y dijo que “para evitar la falta de licencia Aguirre declaró la obra de interés general”. `

Destacó que asociaciones vecinales lo recurrieron ante los tribunales y fueron ganando sentencia tras sentencia, recurso tras recurso hasta que el Tribunal Supremo sentenció la ilegalidad del campo de golf y su demolición para dar el uso para el que había licencia.

En 2007, añadió, “se conocieron las primeras noticias de irregularidades en las concesiones de las obras y actividades del campo de golf, de las que se beneficiarían empresas ligadas a la familia de Ignacio González”.

“El tejido vecinal lo denunció y el fiscal Moix, al frente de la Fiscalía de Madrid, archivó la denuncia sin realizar siquiera pesquisas que le habrían llevado apenas 10 minutos para comprobar que las acusaciones eran ciertas”, subrayó Martínez Abarca.

“Finalmente, al estallar el 'caso Lezo', hemos sabido que estas ilegalidades estaban engrasadas por sobornos de los que se beneficiaba al menos Ignacio González y su clan familiar”, dijo.

Afirmó que “el importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros” y aseguró que “este dinero presuntamente acabó en el bolsillo del expresidente madrileño Ignacio González, de su hermano, de su cuñado y de un socio de todos ellos”.

“Así reza el último auto del juez Manuel García-Castellón”, añadió.