Así lo avanzó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa para dar cuenta de la reunión del Consejo de Ministros, donde explicó el plan normativo del Gobierno para el próximo curso.

Aseguró que de esta forma se cumple con una “autoexigencia como consecuencia de las medidas de reforma de las administraciones" llevadas a cabo en la primera legislatura y se inicia “una nueva forma de legislar” al “anticipar objetivos y permitir que los afectados y las cámaras legislativas puedan conocer” de antemano las tareas del Ejecutivo y también “participar en ellas”.

En palabras de Sáenz de Santamaría, se trata de “darle mucha mayor transparencia al procedimiento y sobre todo de tener una comunicación mucho más anticipada con quienes van a ser destinatarios de esas normas”. En cualquier caso, aseguró que este plan “no es rígido” y es posible que se aprueben otras normas o se incorporen nuevas directivas.

Las propuestas que se incluyen en el plan reflejan los objetivos y prioridades políticas de los diferentes ministerios y del Gobierno en su conjunto. En todo caso, la aprobación de los proyectos de leyes orgánicas y de leyes ordinarias previstos en el mismo dependerá del Parlamento.

De la batería de proyectos normativos presentados este jueves, se prevé la aprobación de 287 normas, de las cuales nueve tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto. Además, 44 propuestas normativas derivan de la transposición de directivas europeas (cuatro leyes orgánicas, 17 leyes ordinarias y 23 reales decretos).

A lo largo de 2018 también se procederá a la transposición de 52 directivas comunitarias y se prevé la posible aprobación de otras normas, entre otras las que deriven de los trabajos que se están llevando a cabo en las comisiones Constitucional, de Justicia, Educación y Deporte, y Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.

Además de las disposiciones cuya aprobación está prevista con carácter anual, como es el caso de la Ley de Presupuestos o el real decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional, en materia de asuntos sociales se prevé aprobar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, así como los que se deriven de la suscripción del Pacto de Estado en materia de violencia de género alcanzado en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Otras de las normas más importantes desde el punto de vista social son la Ley de menores sin alcohol, con el fin de adoptar medidas preventivas eficaces para evitar la problemática asociada al consumo de alcohol por parte de los menores de edad, y el Reglamento de desarrollo de la Ley de Voluntario.

En protección del medio ambiente, se destaca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la que establece los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la norma que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En cuanto a protección de derechos, en el ámbito de la legislación, civil, penal y procesal se prevé la modificación de los cuerpos normativos más importantes: el Código Civil, el Código Mercantil, Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.

También se contempla sacar adelante una Ley Orgánica sobre el Registro de Nombre de los Pasajeros para la Prevención, Investigación y Enjuiciamiento de Delitos de Terrorismo y Delincuencia Grave.

En el capítulo dedicado a la recuperación económica, se pretende aprobar, entre otras, una ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero y la ley por la que se modifica la Ley del Impuesto de Sociedades.

En Hacienda y financiación autonómica, se destaca la Ley de modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, así como la de reforma del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las leyes de Presupuestos Generales del Estado correspondientes a los años 2018 y 2019.