El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, anunció la semana pasada a Servimedia que la imposición de los servicios mínimos sería llevada a los tribunales por vía contencioso-administrativa por considerarlo ilegal, ya que el servicio de exámenes prácticos para obtener el carné de conducir no es esencial.

Jiménez arguyó que los dos reales decretos que regulan los servicios mínimos, sobre todo el real decreto 1475/1988, no incluyen los exámenes de conducir entre las actividades sujetas a servicios mínimos ni los consideran como servicios esenciales. “Cuando nos lo impongan, lo recurriremos”, zanjó.

Asextra informó en Twitter que los servicios mínimos dictados por la DGT fueron recurridos este martes ante la Audiencia Nacional, donde solicitaron “medidas cautelares” para defender su derecho a la huelga, “reconocido en la Constitución”.

El 50% de servicios mínimos se estrenaron este lunes coincidiendo con el 60º día de paros que muchos examinadores de tráfico vienen manteniendo de lunes a miércoles desde el pasado 19 de junio, con excepción de agosto y los festivos.

La DGT destacó ayer la "normalidad" de ese primer día de servicios mínimos y que gracias a esta medida se realizaron exámenes prácticos de conducir en todas las jefaturas provinciales u oficinas locales de Tráfico y que en 25 de ellas no se suspendió ninguna prueba práctica.

Además, apuntó que el seguimiento de la huelga fue de un 25,36% y se realizaron 3.950 exámenes prácticos y se suspendieron 1.221 pruebas, es decir, una de cada cuatro quedaron aplazadas.

Además, la DGT recalcó que se realizaron más de 3.500 exámenes teóricos, esto es, “la totalidad de los previstos. No en vano, la huelga de los examinadores no afecta a las pruebas teóricas, sino a las prácticas.

¿POR QUÉ LA HUELGA?

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2015, cuando la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico firmaron un acuerdo después de que este colectivo de funcionarios mantuviera 32 jornadas de paros en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.

Los examinadores retomaron las movilizaciones el pasado 2 de junio, con una concentración ante la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en demanda de una subida lineal de 214 euros mensuales (250 euros repartidos en 14 pagas) como complemento específico.

La mayoría de los examinadores de tráfico ha estado realizando huelga de lunes a miércoles desde el pasado 19 de junio, salvo agosto, con lo que hoy se cumplieron 61 días de paros, que han supuesto el aplazamiento de más de 200.000 pruebas prácticas (la huelga no afecta a los exámenes teóricos), puesto que la DGT reconoció el pasado 21 de noviembre que en este tiempo no se realizaron 193.978 pruebas, es decir, unas 3.000 de las 6.000 que se convocan diariamente. Entonces faltaban por contabilizar cinco días más de huelga, con lo que la cifra de exámenes no realizados durante los paros supera los 210.000.

Fuentes de Asextra declararon a Servimedia que desde el colectivo examinador están “muy contentos” por el hecho de que todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, excepto el PP, se comprometieran por escrito a llevar a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial de 250 euros en 14 pagas que venían reclamando los examinadores desde hace meses.

Los portavoces de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja firmaron un documento en el que se comprometieron “públicamente a alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 sea incluido un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico”.