La CNSE y su red asociativa hicieron pública una declaración ('http://bit.ly/2AvxSwG') en favor de la lengua de signos con motivo de la celebración en Murcia, el pasado 24 de noviembre, de su Consejo Autonómico. La redacción del documento, que recoge las demandas e inquietudes de miles de ciudadanas y ciudadanos sordos, coincide con el décimo aniversario de la promulgación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Así, recordaron que la lengua de signos, además de un elemento de promoción de la accesibilidad y la participación social, “es una lengua natural que ha emergido y evolucionado en el seno de su comunidad lingüística usuaria con independencia de las lenguas orales en las comunidades lingüísticas usuarias de la misma región o país”.

De ahí, que garantizar el derecho a aprender, conocer y usar la lengua de signos española y catalana, tal y como se aborda en la ley 27/2007, implique necesariamente “adoptar medidas para la protección y promoción de la identidad lingüística”, según indicó la confederación en un comunicado.

En este sentido, insistieron en tomar en consideración la “defensa de la lengua de signos en España como expresión del patrimonio cultural de la ciudadanía”. De la misma manera, subrayaron que “cualquier desarrollo normativo tiene que explicitar de forma contundente la intención de proteger y promocionar la lengua de signos para su salvaguarda, propiciando su estudio, difusión y aprendizaje a la ciudadanía con criterios de calidad”.

En este contexto, la CNSE indicó que, ante una futura reforma de la Carta Magna, es el momento para “promover el reconocimiento constitucional incluyendo la lengua de signos como una lengua oficial más del Estado”.

SISTEMA EDUCATIVO

Otra de las cuestiones recogidas en la declaración, es la incorporación de las lenguas de signos españolas en el sistema educativo, lo que supone la necesidad de desarrollar las condiciones mínimas para el aprendizaje de la lengua de signos en los centros educativos.

La CNSE apuesta por regular aspectos como, por ejemplo, las garantías para el alumnado, el apoyo a las familias, y la planificación y provisión de recursos; el necesario diseño curricular y la dotación estructural; y la regulación y cualificación profesional de la figura del especialista en lengua de signos, profesionales que desde los años setenta, se encargan de enseñar y transmitir formalmente esta lengua.

Por último, las entidades firmantes exigieron una “visión integral, y no parcializada ni reduccionista, de las personas sordas”. En esta línea, aclararon que “utilizar la lengua de signos y usar audífonos, implantes cocleares, subtitulado o cualquier otra ayuda técnica para la comunicación no son opciones excluyentes, que afirmar lo contrario coloca a las personas sordas y sordociegas en posiciones vulnerables, y que hay que tener en cuenta el derecho de las personas sordas a elegir al que vincula la ley 27/2007”.