La presidenta de la Cnse, Concha Díaz, calificó esta normativa como “muy positiva y necesaria para combatir situaciones de discriminación que a diario afectan a este colectivo”. “El derecho a la accesibilidad no depende de cuántas personas necesitan un recurso determinado para poder vivir inclusivamente, y es importante recordar que la accesibilidad a la información y la comunicación es cuestión de necesidad, no de mayorías”, agregó.

La Cnse recordó en el comunicado que las administraciones públicas deben incorporar la lengua de signos y las tecnologías para utilizarla de acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Además, este plazo es extensivo a bienes y servicios de titularidad privada existentes a 4 de diciembre de 2015, cuando no los suministren las administraciones públicas.

La Cnse también destacó que -a partir de esta normativa y a lo dispuesto en la Ley 27/2007 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconocen la lengua de signos como lengua propia de las personas sordas- las administraciones públicas no tendrán respaldo legal para justificar la falta en la implementación de las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad de las personas sordas a la información, así como su acceso a los procedimientos administrativos en igualdad de condiciones.

Para la presidenta de la confederación, “es cuestión de que los gobiernos estatal y autonómico se comprometan con la aplicación de aquellas normas a favor de la plena inclusión y participación social de las personas con discapacidad”, si bien considera imprescindible que se haga un seguimiento del cumplimiento de la ley en todas las entidades públicas y privadas que ofrecen servicios públicos, utilizando el régimen sancionador que establece la ley general de discapacidad para los casos de incumplimiento. “De no haber consecuencias tras esos incumplimientos, el plazo no servirá para nada” aseguró.

Por último, recalcó que “el movimiento asociativo CNSE seguirá estando vigilante para que la legislación en materia de accesibilidad se cumpla y sea garante de los derechos de todas las personas sordas”.