Una vez que depositen las fianzas, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.

El juez considera que en el caso de los seis exconsellers que podrán salir de la cárcel no hay riesgo de fuga, pero aprecia riesgo de reiteración delictiva en el caso de las cuatro personas que mantiene en prisión.

En su auto, Llarena analiza los requisitos legales para acordar una medida de prisión, que en este caso concreto se han centrado especialmente en el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva.