En las principales empresas del país se dan “grandes diferencias” entre lo que ganan altos directivos y consejeros y el sueldo del resto de trabajadores. Un primer ejecutivo de del Ibex gana 112 veces el sueldo medio de la compañía y 207 el sueldo más bajo, mientras que el sueldo medio de los directivos sería 25 veces el sueldo medio de las empresas.

“Ante la grave crisis de desigualdad actual, las grandes empresas han de entender que las políticas y prácticas que llevan a cabo tienen un impacto directo en la vida de millones de personas”, explicó Oxfam en su informe. De hecho, la entidad propone que la ratio entre el salario del empleado mejor y peor pagado sea pública y esté estandarizada en cada empresa.

Y es que la brecha salarial va en aumento. Entre 2008 y 2016, el número de personas millonarias en España ha aumentado un 60%, mientras que en los últimos cuatro años se ha incrementado un 35% el número de personas que ganan menos de 6.000 euros anuales, según datos de la ONG.

En paralelo, en el último año ha habido una bajada del sueldo medio en España del 0,8%, al tiempo que se amplía la brecha entre el 10% que más gana y el 10% que menos.

MENOS IMPUESTOS, MÁS PARAÍSOS

A esto se le suma que el Impuesto de Sociedades recaudó en 2016 menos de la mitad que en 2007. “La proliferación de ventajas fiscales a empresas y la amplia presencia en paraísos fiscales tienen mucho que ver con esta realidad”, denunció Oxfam.

Añade que en 2015 las empresas del Ibex-35 superaron el millar de filiales en paraísos fiscales y multiplicaron por cuatro las que tenían en 2009. En el último año, sin embargo, se ha constatado que “el número de filiales en estos territorios se ha reducido hasta las 996, lo que nos hace pensar que podemos estar ante un cambio de tendencia”.

No obstante, esta tendencia poco significativa implica que con este ritmo “sólo después de 45 años podríamos llegar a las cero filiales en paraísos fiscales”. Por tanto, la organización explicó que “es necesaria otra economía”.

En concreto, proponen una serie de iniciativas como aumentar el salario mínimo interprofesional un 13% en 2018, establecer escalas salariales “justas” por normativa estatal para evitar la brecha entre directivos y trabajadores, representación de trabajadores en los consejos de administración o que las empresas sean más “transparentes”.