En una declaración institucional respaldada por los cuatro grupos municipales, el Pleno recordó que el 4 de diciembre es el plazo límite que fijó el texto refundido de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad para hacer todas las obras razonables que garantizaran la accesibilidad en todos los edificios.

La declaración fija la accesibilidad como “absolutamente prioritaria”, porque sin ella puede hacerse imposible el acceso al resto de derechos constitucionales, aboga por desterrar el “precepto erróneo del paternalismo” habitual en esta materia y subraya que invertir en accesibilidad es hacerlo en mejorar la calidad de vida.

Además, recuerda las “actuaciones muy significativas” que ha venido haciendo el Ayuntamiento para suprimir barreras en 360 paradas de autobuses y ha introducido la accesibilidad como criterio en todas las obras de remodelación del espacio público. Igualmente, denota que se está preparando una Oficina de Accesibilidad de carácter transversal y que se están impartiendo cursos de accesibilidad a los funcionarios. No obstante, el Pleno se compromete, finalmente, a seguir trabajando con los colectivos del sector para hacer de Madrid un referente en accesibilidad.