Además, los grupos han mostrado también su respaldo a la demanda de realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en España.

En defensa de la proposición, Josep Vendrell denunció que “tenemos un sistema eléctrico ineficiente, caro y medioambientalmente insostenible”, en el que el Gobierno rechaza hacer cambios sustanciales.

“Hay que actuar porque hay mucha gente atrapada por los bajos salarios, los altos precios y viviendas climáticamente no eficientes”, prosiguió el diputado de En Comú Podem, que concluyó que “España tiene un problema estructural que le sitúa entre los países con la energía más cara y que tiene que ver con la mala regulación”.

En nombre del PP, el diputado Teodoro García Egea, criticó que “ya habíamos debatido esta proposición en la Comisión de Energía con las mismas inconcreciones, las mismas generalidades y los mismos errores”. “Queremos que la factura de la luz sea la menor posible, pero eso no se consigue con estas propuestas demagógicas”, añadió.

Pese al respaldo de la mayoría de los grupos a estos dos puntos, la aprobación o no de la proposición queda pendiente de los acuerdos que se puedan alcanzar antes de la votación del jueves, ya que hay otros puntos rechazados por formaciones como Ciudadanos o el PNV que quedan pendientes de la negociación, tal y como explicaron sus portavoces Melisa Rodríguez e Idoia Sagastizabal.

Por su parte, el diputado del PSOE Óscar Galeano mostró su apoyo a la medida por la “desconfianza total del consumidor” con el recibo eléctrico y advirtió al Gobierno de que “la última reforma consigue poner a todo el mundo de acuerdo y en su contra”.

Uno de los puntos propuestos por Podemos que genera dudas en los grupos es establecer un cargo por la diferencia entre el precio de coste y el precio real de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares, las que obtienen mayor beneficio gracias al sistema marginalista.

En cuanto a la parte regulada de la tarifa, también despierta dudas la petición de su modificación para que se base en el principio de que los consumos básicos deben ser más baratos que los menos básicos.

Para ello sostiene que deberá reducirse la parte fija en función de la potencia, aumentar la parte variable en función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.

Por último, también genera rechazo que pida recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable.