Así lo indicó en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, en el marco de las comparecencias para analizar la proposición de ley sobre el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social.

Además, dijo que el sistema de pensiones y el de bienestar “se verían en peligro”, a lo que se sumaría una “destrucción masiva de empleo” y un efecto negativo en la economía española.

Nadal aseguró que España cuenta con un “importante” sistema de protección para los colectivos más vulnerables que, aunque con “instrumentos dispersos”, suma unos 20.000 millones de euros.

En concreto, indicó que las distintas iniciativas de protección social suman 8.400 millones de euros, lo que sitúa a España “en la media europea”. Si a ello se unen los volúmenes de las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, la cuantía asciende a 20.000 millones de euros.

A esto, señaló, “habría que añadir” políticas como el Fondo Social de Vivienda, la reforma del ‘bono social’ en la electricidad o la estrategia de prevención y lucha contra la pobreza.

Según Nadal, la proposición de ley supone una “prestación adicional”, “compatible con lo anterior” y “sin requisitos de edad ni de participación” en el mercado laboral o en programas de formación. “Ni siquiera de permanencia mínima en el territorio español”, alertó.

En este sentido, el secretario de Estado aseguró que la medida tendría un “efecto desincentivador importante” para el trabajo y podría suponer un “efecto llamada” de personas en “situaciones en riesgo de exclusión de la UE con sistemas de protección más restrictivos”. Para compensar el coste de esta iniciativa, comentó, habría que subir tres puntos cada uno de los tramos del IVA o un 20% de media el IRPF.

Nadal reiteró que la proposición tal y como está “construida” tendría un “impacto muy alto” sobre las cuentas públicas, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Por ello, abogó por “construir una alternativa”, algo que pasaría por analizar “los programas que tenemos y enfocarlos mejore”, ver las competencias de cada administración en esta materia y determinar el encaje las medidas en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Se trata, defendió, de crear un “marco comprensible para el ciudadano”, y que vea que existe un “refugio último” de protección vinculado al mercado laboral. “Podemos entre todos hacer algo muchísimo mejor”, sentenció.