Así lo señalaron el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y la secretaria confederal de UGT, Adela Carrió, que antes de su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados señalaron que las críticas a esta iniciativa “no tienen fundamento alguno”.

En este sentido, Bravo mostró su satisfacción por que “por fin se ha desbloqueado la tramitación parlamentaria, después del intento de acabar con ella con una enmienda a la totalidad que era incomprensible”. El representante de CCOO se refería así a la enmienda a la totalidad presentada por el PP y que fue rechazada por la mayoría del Pleno de la Cámara Baja el pasado 28 de septiembre.

Bravo también se refirió a la nueva fase de comparecencias y criticó que “no es habitual que se comparezca después de que se hayan presentado las enmiendas”. Además, tanto Bravo como Carrió agradecieron el apoyo de los grupos parlamentarios que están a favor de la iniciativa e invitaron a PP y Ciudadanos a sumarse para lograr el máximo consenso posible.

Por su parte, Carrió señaló que esta propuesta “es necesaria porque seguimos teniendo un trabajo muy precario y con muchas personas sin poder trabajar” y defendió que su implantación progresiva generará menor gasto.

COSTE

En cuanto al coste de la medida, que supondría una ayuda de unos 430 euros, ambos sindicatos indicaron que con el texto de la propuesta presentada sumarían un total de unos 3.000 millones euros iniciales que al cabo de un tiempo, cuando se incorporasen a ella todos los beneficiarios potenciales, podrían alcanzar los 9.000 millones, en torno a un 1% del PIB.

Sin embargo, destacaron que este dinero iría destinado directamente a consumo, por lo que el Estado lograría recaudar una parte de ese gasto a través del IVA.

RECOMENDACIÓN DE LA UE

Por otro lado, ambos representantes sindicales recordaron que la UE ha recomendado a sus países miembro la implantación de políticas de renta mínima. Así lo destacó Bravo, quien recordó que el día 17 de noviembre España, junto al resto de países de la UE, proclamó los 20 principios del pilar social europeo, subrayando que el artículo 14 recomienda la instauración de políticas de renta mínima.

Esta proposición de ley debe su tramitación parlamentaria a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida precisamente por los sindicatos CCOO y UGT.

La iniciativa logró el apoyo de más de 700.000 firmas y fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en febrero por 177 votos a favor, 165 en contra y ninguna abstención.