En un acto informativo organizado por 'El Economista', Nadal destacó además que el carbón tiene la ventaja frente al gas, la otra fuente térmica, de que es mucho más barato, con la desventaja de que emite más CO2.

Por ello, destacó su importancia en el mix energético, que, según explicó, persigue que “cumpliendo con los objetivos medioambientales, la energía sea la más barata posible”.

A este respecto, advirtió sobre la existencia de posiciones que puedan poner en riesgo el coste de la energía tanto por cuestiones ideológicas como de interés económico.

En esta línea, alertó de que “cada euro que una empresa gasta en energía, es un euro que no se puede gastar en salarios”, e indicó que “la energía tiene que estar al servicio de la necesidad exportadora de la economía española”.

Asimismo, defendió que “tenemos que seguir teniendo la nuclear”, ya que de desaparecer tanto esta como el carbón del mix, el precio, según el ministro, se incrementaría un 40%.

“Lo bueno es mantener el actual mix”, prosiguió el titular de Energía, quien en este contexto destacó la importancia del real decreto que está tramitando para regular el cierre de centrales de producción, en función de la seguridad de suministro, el precio y los objetivos medioambientales.

Sin embargo, admitió que “a medida que se introduzcan renovables habrá que cerrar centrales porque sobra capacidad de generación, pero hay que hacerlo de manera ordenada”.

Para ello, según explicó, el decreto establecerá que cuando se quiera cerrar una, habrá que ver primero si hay alguien interesado en comprarla y si no es así evaluar la posibilidad de que se pueda establecer algún tipo de ayuda para que esa central pueda seguir operando si el sistema la necesita.

Por otro lado, se refirió a la investigación abierta por Bruselas sobre las ayudas de 440 millones a las centrales de producción de carbón, que desvinculó de la política energética. “Tiene que ver con las ayudas de Estado”, sentenció.

Además, considera que se trata de un caso similar al del ‘tax lease’, que confía en resolver, ya que sostiene que la Unión Europea ha cambiado de criterio desde 2007, momento en que se pusieron en marcha dichas ayudas, lo que podría afectar a la seguridad jurídica de las empresas que las han recibido.