Esa cantidadincluye los gastos con cargo a la Seguridad Social derivados de los accidentes y enfermedades laborales, así como los daños de carácter material, costes de sustitución, reciclaje, disminución de la calidad del producto y retrasos en la producción ocasionados por estos siniestros.

Los responsables de la central ugetista estiman que al coste total de los siniestros y enfermedades laborales hay que añadir un 20 por ciento más de gastos ocasionados por los accidentes que ocurren en la economía sumergida yque no están reflejados en las estadísticas oficiales.

Según los datos facilitados por el sindicato socialista, los accidentes y enfermedades laborales ocurridos en España el año pasado supusieron un gasto para la Seguridad Social de un total de 321.000 millones de pesetas.

De ellos, 120.600 millones de pesetas cubrieron pensiones por invalidez, 75.744 por viudedad y más de 15.000 se destinaron a pensiones por orfandad causada por accidentes de trabajo.

Frente al elevado índice de siniestraldad laboral existente en España, UGT denuncia los escasos gastos en prevención de las administraciones y organismos públicos y semipúblicos (mutuas) españoles, que apenas sobrepasan los 10.000 millones de pesetas, siendo diez veces inferiores a los que destina a este fin la administración sueca.

INHIBICION DE GOBIERNO Y EMPRESARIOS

Para los responsables de UGT, esos datos ponen de manifiesto "el desinterés y la inhibición del Gobierno y empresarios en paliar una situación económica y social dramátic, cuya resolución se hace más urgente en los momentos de crisis económica que atravesamos".

UGT denuncia también la directa relación que existe en muchas ocasiones entre la elevada tasa de contratación temporal en España y el alto índice de siniestralidad registrado en nuestro país, al tiempo que critica la actual legislación, al permitir, a su juicio, "el abuso de ciertos empresarios carentes de escrúpulos en cuanto al nivel de seguridad y protección de sus trabajadores".

Por todo ello, UGT asegra que en las negociaciones que se inicien en septiembre con el Gobierno exigirá que se agilice la puesta en marcha del acuerdo existente sobre Salud Laboral, que facilitará el seguimiento y la prevención de los accidentes y enfermedades laborales.

Igualmente, pedirá la derogación de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, vigente desde 1971, así como la modificación de las actuales modalidades de contratación, al considerar que "sólo eliminando la precariedad en el empleo se combatirá de frma eficaz la siniestralidad orginada por tantos puestos de trabajo temporales ahora existentes".