“Estamos hablando de estimaciones, pues es un ámbito en el que falta mucha información”, precisó. En la misma línea, la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Avelina Alía lamentó la falta de estadísticas sobre mujeres con discapacidad víctimas de género. “Se sabe que la incidencia es mucho mayor (los últimos estudios elevan la cifra al 31%) pero no hay datos desagregados”, dijo.

La fiscal explicó que, “en general, falta mucha información sobre los delitos que afectan a este colectivo, así como formación específica entre los operadores jurídicos para facilitarles el proceso".

GENERAR CONOCIMIENTO

De hecho, Araoz subrayó las dificultades que las personas con discapacidad intelectual encuentran a la hora de denunciar malos tratos y abusos, ya sean físicos, psíquicos o de índole sexual. En su opinión, ello se debe a que “muchas veces los agresores son los propios familiares o cuidadores”. En otras ocasiones, las personas con discapacidad intelectual “no perciben que son víctimas de un delito”, agregó.

Por ello, defendió una formación adecuada sobre salud sexual y reproductiva y en otros derechos para este colectivo. “Es importante generar conocimiento para que estas personas sepan cuándo están sufriendo abusos o malos tratos y puedan denunciarlo”, apuntó.

Del mismo modo, Araoz indicó que es esta misma falta de formación el motivo por el que algunas personas con discapacidad intelectual se convierten en agresores. “No saben distinguir los límites ni cuándo un contacto no es deseado”.

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 13 la igualdad en el acceso a la justicia y, según explicó Araoz, "esto requiere dos medidas: por un lado, la debida formación y sensibilización de los operadores jurídicos, y por otro la aplicación de los ajustes de procedimiento razonable".

Se trata de adaptaciones, de flexibilizaciones en los procedimientos para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, ya sea como víctimas, agresores, testigos o jurados", resaltó. De hecho, reclamó medidas de apoyo a fin de asegurar la igualdad de condiciones en el sistema judicial para todas las personas, “también para los agresores vulnerables”.

Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández, admitió que a veces no se detecta que un acusado tiene discapacidad, "a veces por la misma celeridad de los procesos", con lo que no se le prestan las adaptaciones que necesita. El 49% de los condenados con discapacidad intelectual nunca fueron detectados como tales, según un informe de Plena Inclusión.